Regularización de la acuacultura industrial del camarón en el ecuador: legalización de la impunidad
¿Perdón y olvido es lo que platea el Gobierno de la Revolución Ciudadana para la destrucción del Ecosistema Manglar y la violación a los derechos de sus Pueblos Ancestrales?
Una vez que se hiciera público el día sábado 4 de octubre del 2008, a través de la cadena radial que mantiene el Presidente de la República Econ. Rafael Correa Delgado, la decisión de regularizar a la acuacultura industrial del camarón, se conoce que varios empresarios se alistan para que se les entregue las tierras que ocupan ilegalmente.
Los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar del Ecuador, agrupados en la C-CONDEM, exigen coherencia al Ejecutivo, respetando los derechos consagrados en la nueva Constitución de la República del Ecuador: Derecho de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, Derecho a un Ambiente Sano, Derecho Humano al Agua: Fundamental e Irrenunciable, Derechos de la Naturaleza y del Buen Vivir.
En el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, donde la acuacultura industrial del camarón destruyó más del 80% del ecosistema manglar, se anuncia que a partir del día jueves 9 de octubre del 2008, la Subsecretaría de Acuacultura, dependencia del Ministerio de Agricultura, procederá a medir las piscinas camaroneras para determinar el monto que tendrán que pagar los “invasores” para entregarles las concesiones.
Esta es una vieja pretensión de los industriales de la acuacultura del camarón quienes, insistentemente y en todos los gobiernos neoliberales, han pretendido adueñarse del ecosistema manglar del cual se apropiaron de forma arbitraria, vulnerando toda la legislación existente que declara al manglar como Bien Nacional de Uso Público, Patrimonio Forestal del Estado, Ecosistema Frágil y desplazando a miles de familias de pescadores y recolectores artesanales que ancestralmente han articulado su vida a este ecosistema donde está sustentada su cultura, su trabajo y su soberanía alimentaria.
Esperamos que el Ejecutivo mantenga una postura ética y coherente con las promesas de la Revolución Ciudadana, Así mismo hacemos un llamado a la población ecuatoriana, a las organizaciones sociales que apoyan de forma masiva el proceso de transformación del país, a mantenerse vigilantes de este proceso, para que no se convierta en un discurso falso que finalmente beneficie a los grupos de poder de siempre, como es el caso de la acuacultura industrial de camarón.
Demandamos el cumplimiento de la ley, para empezar a transformar profundamente al país por el que todos y todas las ecuatorianas venimos luchando. Los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar, acudirán a las instancias jurídicas necesarias para hacer cumplir sus derechos.
UN POCO DE HISTORIA
Durante los gobiernos de Jamil Mahuad y Gustavo Novoa, los empresarios camaroneros, a través de las denominadas Ley Trole1 y Ley Trole 2 pretendieron que se les entregarán las tierras usurpadas por un lapso de 99 años y por un pago de 1.000 USD por cualquier número de hectáreas ocupadas. Estas pretensiones fueron paralizadas por la movilización de los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar que logró detener en el Congreso Nacional los artículos que hacían posible esta entrega.
En abril del año 2007, a través de las Subsecretarias de Recursos Pesqueros y de Defensa, se presentó ya en el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, una propuesta de “regularización” de la acuacultura industrial del camarón, que fue nuevamente detenida por la movilización de los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar, quienes expusieron en la reunión del Consejo, las ilegalidades y los atropellos cometidos por esta industria.
Cuatro décadas de destrucción del ecosistema manglar, de violación de los derechos humanos de las familias de pescadores y recolectores artesanales, quienes son impedidos de transitar por los estuarios donde realizan sus faenas diarias; que son disparados y atacados por perros guardianes de las piscinas camaroneras, que ha muchos les ha costado la vida, no merecen sino la aplicación de la ley y las respectivas sanciones.
En el año 1998, los empresarios camaroneros aceptaron la ilegalidad en la que actúan, indicando que solamente 58.000 hectáreas dedicadas a la cría y cultivo de camarón tropical tenía permisos y concesiones, cuando actualmente se conoce, según el Censo Nacional Agropecuario, que existen más de 200.000 hectáreas dedicadas a esta actividad en el litoral ecuatoriano.
Así mismo se conoce que los impactos de esta actividad en términos sociales, económicos y ambientales son extremadamente graves, situación que se muestra por el nivel de pobreza en la que viven las poblaciones influenciadas por la acuacultura industrial del camarón, que sobrepasa el 100% de pobreza por necesidad básicas insatisfechas, en muchas de ellas.
En cuanto a los impactos económicos y ambientales, el caso de la concha (Anadara tuberculosa y Anadara similis) principal fuente de ingresos económicos para miles de familias recolectoras de concha, es dramático, últimos estudios realizados por universidades y organizaciones del país y de América Latina, indican que su descenso es acelerado, lo que la coloca como especie amenazada.
LO QUE DICE LA CONSTITUCION APROBADA
Desde la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar del Ecuador, que agrupa a 23 organizaciones de la costa ecuatoriana que luchan desde hace 20 años por la recuperación, conservación y defensa del ecosistema manglar y de la vida de los Pueblos Ancestrales, demandamos se haga efectiva la aplicación de la nueva Constitución de la República del Ecuador, por la que el pueblo ecuatoriano se pronunció masivamente el 28 de septiembre del 2008.
El derecho de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades a nos ser desplazadas de sus territorios; de la Naturaleza a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, así como a su restauración; la garantía de conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico, así como la garantía de no afectación a la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas, en especial a las fuentes y zonas de recarga de agua, como es el ecosistema manglar, son garantías en las que se amparan los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar del Ecuador.
Demandamos del Ejecutivo, se informe públicamente, cuál es el sustento jurídico para proceder a esta regularización y a través de qué mecanismos se pretende llevarla adelante. Demandamos que se detenga todo proceso de regularización hasta que el país cuente con un marco legal que garantice la aplicación efectiva de la Constitución y la defensa de los legítimos derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Esperamos que el Ejecutivo mantenga una postura ética y coherente con las promesas de la Revolución Ciudadana, con las aspiraciones de justicia del pueblo ecuatoriano, que debe empezar por sancionar los delitos cometidos contra la vida de los pueblos y devolver los territorios sustraídos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, principalmente a los pueblos ancestrales.
Las camaroneras crecieron sin control en zonas de manglar
La actividad económica que mantienen los habitantes de la parroquia Costa Rica del cantón Santa rosa es la pesca artesanal. Muchos de ellos anteriormente se dedicaban a la guardianía de las piscinas camaroneras que se encuentran en dicha zona.
Los habitantes de zonas cercanas a las piscinas tienen expectativa por el anuncio de regularización.
Antecedentes
Las primeras piscinas para criar camarón se construyeron en 1967 en las zonas de manglar, luego se extendieron a playas y bahías.
El crecimiento fue vertiginoso porque, de menos de 100 hectáreas en 1969, llegaron a 89.368 en 1984.
Recién el 7 de agosto de 1990 los manglares fueron incorporados al Patrimonio Forestal del Estado, a través de ley.
Desde que los empresarios miraron a los manglares como lugares aptos para instalar piscinas para la reproducción de camarón, las comunidades de estas zonas lograron beneficios, pero también perjuicios.
En el primer caso, las poblaciones lograron nuevas plazas de empleo para sus moradores, en las áreas de guardianía, cosecha de camarón en piscinas, mensajería, entre otras actividades.
“Es lo primordial en este caso, ya que en parte nos ayudó a solventar los gastos de los hogares”, asegura Eugenio Ramírez, quien lleva 59 años viviendo en la parroquia Costa Rica, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro.
“Fui guardián de algunas camaroneras, y todos me conocen, pero me salí con mi hijo de la compañía, porque habían muchos asaltos y era peligroso”, dijo Ramírez.
Por tal razón, ahora con su hijo se dedican a la pesca artesanal. Salen al mar dos veces al día, a las 17:00 y las 23:00, y eso cuando la marea se los permite. Y los pocos peces que capturan, los comercializan en Huaquillas, y logran semanalmente entre 100 a 150 dólares.
Mientras que la parte perjudicial está relacionada con la destrucción del manglar, daños al ecosistema y desaparición de varias especies marinas, lo que ha afectado considerablemente las actividades de los pescadores artesanales de la zona, expresa Gregorio Vera, que a sus 75 años recolecta las pocas conchas que trae el mar a la orilla.
Vera recuerda que hace 25 años había más hectáreas de manglar, tanto en las islas cercanas como en la misma parroquia, al igual que mariscos como conchas, cangrejos, moluscos, etc. “Aquí hubo protestas, pero ya está destruido el mangle y ahora es tarde para remediar el daño”, dice con nostalgia.
Ante ello, Flora Urbina, teniente política de la parroquia, en la que habitan 320 personas, manifiesta que antes tenían más comodidades para vivir y trabajar sin inconvenientes, tanto así que en su infancia recogía en 30 minutos entre 400 a 500 conchas, pero ahora es difícil, por la tala de manglar que hicieron las camaroneras.
“Siempre tenemos ese problema, y eso que hemos reforestado nuestras áreas de manglar una y cuatro veces y, sobre todo, donde nunca hubo manglar”, señaló.
Con esta realidad, el anuncio del Gobierno de regularizar la actividad camaronera asentada en los manglares, playas y bahías tiene en expectativa a los comuneros. 175.748 hectáreas de camaroneras fueron registradas hasta 2006, según un estudio realizado por el Clirse. Líder Góngora, presidente de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (Condem), asegura que solo se tiene que cumplir la ley. “Eso significa que las áreas utilizadas por las camaroneras de forma ilegal, deben revertirse al Estado y ser recuperadas como manglar, a través de la reforestación”, dice.
Recuerda que desde 1978, cuando gobernaba el país la dictadura militar, se emitió un decreto supremo que prohibió la entrega de más concesiones para esta actividad productiva, pero no se respetó y las piscinas se fueron extendiendo, principalmente en las zonas de manglar.
Por ello, para precautelar su medio de subsistencia, varias comunidades pidieron la concesión de estas zonas para protegerlas y trabajar.
Eso hicieron en la parroquia Urbina, cuando en 2002 el Ministerio de Ambiente le entregó en concesión 579,7 hectáreas de manglar.
Sin embargo, semanas atrás denunciaron a la Capitanía de Puerto Bolívar la tala ilegal de 10 hectáreas de manglar en sus áreas concesionadas. En el lugar se pretendía construir una camaronera de 15 hectáreas.
“Ellos estaban acostumbrados a comprar sus terrenos y se extendían más de lo permitido. Y eso nos tiene desabastecidos en la producción de mariscos y de otras especies”, asegura la Teniente Política.
Además, Góngora resalta que el manglar genera más plazas de empleo que las camaroneras. Según datos de la Condem, una hectárea de manglar permite trabajar a 10 familias; mientras 100 hectáreas de una piscina de producción de camarón, requiere 4 personas (entre administrador y trabajadores).
“El manglar permite una vida digna para una familia”, manifiesta Góngora, tras asegurar que las camaroneras no han logrado el desarrollo de las zonas cercanas, pues las poblaciones más pobres de la Costa están asentadas junto a las piscinas de camarón que generan millones de dólares.
Por ejemplo -señala- en Muisne existe una población que no tiene servicios básicos ni un puente óptimo para llegar a la ciudad, y queda a lado de una piscina de setecientas hectáreas.
Igual situación existe en la comunidad de Costa Rica, donde el agua, la energía eléctrica y la vigilancia policial son los requerimientos más indispensables.
Los habitantes comentaron que al día tienen energía solo ocho horas, pero de manera saltada, de 06:00 a 08:00, de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 18:00.
El abastecimiento de agua se lo realiza a través de tanque, pero el líquido es usado para otros menesteres, menos para el consumo humano, porque es salada.
El agua para consumir la traen desde el cantón Santa Rosa, “pero eso nos cuesta dinero, y a veces no tenemos”, dice Jaime Vera, miembro de la asociación de pescadores.
“Los problemas económicos -explica Rodrigo Feijó, representante de la Asociación de Pescadores de Pitahaya, que la integran 40 socios- de esta comunidad se deben a que la mayoría son pescadores y las capturas han bajado”.
Dice que antes la captura de peces le representaba a cada pescador ingresos superiores a 50 dólares diarios, ahora solo llegan a 5 ó 10.
“Hoy solo se pesca, en los mejores casos, una gaveta o, a veces, 10 ó 15 libras de pescado, cuando antes se cogían de 4 a 7 gavetas”, explica Feijó.
Por ello, Góngora cree que las zonas camaroneras sin permiso deben regresar al Estado para generar más trabajo, porque a pesar de estar taladas pueden ser recuperadas, aunque será difícil por la infraestructura que se construyó y por las sustancias que se usan para la cría del crustáceo.
Explica que, en las mejores condiciones, el manglar crece un metro cada año, y acá será a menor ritmo.
A más de la reversión de las tierras, asegura que los culpables deben ser sancionados económicamente. Mientras los que tienen su documentación en regla pueden seguir laborando con normalidad.
Por Gabriel Moreira y Fausto Lara Redacción Economía economia@telegrafo.com.ec
